Preocupa al Gobierno de AMLO situación en Sinaloa: Sánchez



10 DE ENERO, 2019

La presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso afirma que en el Gobierno federal hay mucha preocupación por lo que está pasando en Sinaloa en torno al presupuesto y reconoce que las reasignaciones de recurso etiquetado pudieran tener implicaciones legales.
EL DEBATE

Sinaloa.- La diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso de Sinaloa, Victoria Sánchez Peña, señaló a EL DEBATE haber sostenido reuniones esta semana en Gobernación y con el exdelegado Ignacio Mier en la Ciudad de México, y aseguró que en la federación hay preocupación por lo que está ocurriendo en Sinaloa con el tema del presupuesto.

De los mil 663 millones de pesos reasignados por la mayoría de los diputados de Morena durante la aprobación del Presupuesto de Egresos 2019 para Sinaloa, el 89 por ciento de esos recursos es federal y la mayoría ya estaba etiquetada (alrededor del 83 por ciento). Esto de acuerdo con el integrante de la Comisión de Hacienda en el Congreso local y coordinador de la fracción del PAN, Jorge Villalobos Seáñez, quien además expuso que el Legislativo extralimitó sus funciones, y esto pude tener consecuencias legales.

Coincidió incluso con la opinión de analistas consultados por EL DEBATE, quienes en la edición de este miércoles advirtieron que los 19 legisladores que avalaron la reasignación de montos ya etiquetados podrían ser implicados en desvío de recursos, de acuerdo con el artículo 54 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa.

El coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional insistió en que este riesgo fue advertido por ellos desde la discusión en la Comisión de Hacienda y en la propia sesión del Congreso, pero la mayor parte de los legisladores morenistas no los escuchó.

Ajustes conforme a la ley

El exdiputado federal del PAN por Sinaloa en la 62 Legislatura dijo estar de acuerdo con hacerle ajustes a la propuesta del Ejecutivo estatal, pero recordó que el dictamen de la Comisión de Hacienda presentado y defendido por la mayoría de los comisionados tenía reasignaciones por alrededor de 400 millones de pesos; es decir, una cuarta parte de lo que ahora se pretende movilizar:

«Nosotros las justificamos al tenor de aquellas economías que sí se pueden modificar, no de las que ya están comprometidas, como esta gente lo propuso», señaló.

La presidenta de la Comisión de Hacienda expresó que los diputados «agarraron corte parejo» con prácticamente todas las secretarías y además quitaron 600 millones de pesos del fideicomiso para el mantenimiento de 4 mil kilómetros de carretera, pero «los fideicomisos no se pueden desbaratar así nomás, tienen un fin», subrayó Victoria Sánchez, legisladora de Morena, quien junto con otros dos legisladores de la bancada no votaron a favor de las reasignaciones de mil 663 millones de pesos.

«Lo otro con lo cual diferí con mis compañeros es con la asignación de obras. Si ustedes saben, el Ramo 33 se reasignó porque el presidente dijo no a más moches. Nosotros los diputados tenemos prohibido asignar obras, pero ellos se tomaron la facultad de asignar, cuando está prohibido por el Gobierno federal, y eso va en contra de los principios del presidente», explicó Sánchez Peña.

El proceso después del veto

Saúl Lara, especialista en temas constitucionales, recordó que, en caso de que el gobernador haga valer su facultad de veto y realice observaciones al dictamen del presupuesto aprobado por los legisladores, este regresará a la Comisión de Hacienda Pública para su revisión y luego sometido a votación del pleno nuevamente, solo que ahora deberá ser avalado el dictamen con 27 votos; pero, en caso de que las observaciones del Ejecutivo no sean tomadas en cuenta nuevamente, el siguiente paso será la presentación de una controversia constitucional debido a la extralimitación de funciones del Poder Legislativo, informó el abogado. Asimismo, explicó que, desde ese momento, el Gobierno del Estado opera el gasto con el Presupuesto de Egresos del 2018 hasta que termine el proceso judicial.

Por la noche, el secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, confirmó que el gobernador Quirino Ordaz no publicaría el Presupuesto 2019 en el Diario Oficial, con lo cual no se promulgó esta propuesta y añadió que enviaron observaciones al Congreso local.

En este tenor, Villalobos Seáñez, diputado del PAN, sostuvo que si se judicializa este tema —mediante una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación advertida por la fracción del PRI— serviría mucho porque, más allá de un sano equilibrio de poderes y de que el Ejecutivo no tenga la mayoría en el Congreso, las cosas se deben hacer de manera correcta y apegadas a la Constitución, no de una manera arbitraria, soberbia y caprichosa.

Refirió que, si bien el Poder Legislativo tiene facultades para modificar la propuesta inicial de Presupuesto, las disposiciones no deben ser arbitrarias ni extralimitadas, sino dentro del marco de la ley y solamente de aquellas (partidas) respecto de las cuales se tiene el margen para disponer de ellas, no de todas en general.

Hizo referencia a una controversia interpuesta en diciembre del 2004 por Vicente Fox, entonces presidente de México, por considerar que los diputados federales se sobrepasaron en sus facultades al modificar el Presupuesto enviado por su oficina.

Detalló que la entonces primera mayoría era el PRI y «se volvieron locos distribuyendo recursos para albercas, calles y programas, afectando algunas partidas ya comprometidas, por lo que la Corte le ordenó al Congreso —ya en 2005— que hiciera los ajustes necesarios para retener el procedimiento, y le dio la razón al Ejecutivo”, indicó.

Desacuerdo con reajustes

La presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso local, Victoria Sánchez Peña, reconoció que uno de los poderes más favorecidos con las reasignaciones fue el Poder Judicial, pues a los 563.4 millones de pesos que se le aprobaron como gasto recibirá adicionalmente 175 millones de pesos para proyectos estratégicos, con lo que al final recibirá 738 millones de pesos de presupuesto:

«Habría que ver otros sectores más vulnerables y apoyarlos. El sector judicial no necesita tanto. Aparte, tiene un fondo de administración que no está claro. Nadie se ha metido con este poder para pedirle transparencia por lo que recibe de las fianzas, no hay transparencia en eso», señaló la legisladora.

Añadió haber propuesto apoyar al Tribual de Justicia Administrativa, que tiene una sala anticorrupción y que es inoperante porque no tiene recursos: «Me comentaba la magistrada de la sala que tiene 2 mil casos, y solo ha sacado 28 porque no tiene un secretario técnico, no tiene actuarios ni secretarios, pues vamos dándole las armas a ellos para que operen y que los casos de corrupción lleguen a término porque se están quedando atorados», indicó.

También cuestionó la asignación de 200 millones de pesos para el mejoramiento salarial de trabajadores del sector de la salud, pues dijo que esto no resuelve el problema porque para ello se necesitan mil 360 millones de pesos, además de que Andrés Manuel López Obrador dijo este martes que Sinaloa será incluido próximamente entre los estados en que se federalizará el sistema de salud, y esto vendrá a solventar este problema.


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