La quitada del mentado fuero

06 DE DICIEMBRE, 2018

**¿Irá en serio con AMLO?
**La primera iniciativa enviada por AMLO al senado, es para autoflagelarse, es decir, es para quitar el fuero al presidente de la república y sea juzgado como cualquier hijo de vecino
** Este tema tan sobadísimo del fuero, en Nayarit no es ninguna novedad, ya que la pasada legislatura la número XXXI, quitó el fuero al Gobernador del Estado, Diputados, Secretarios de Despacho, Fiscal General, miembros del Consejo de la Judicatura, Presidentes Municipales, Regidores, Síndicos de los Ayuntamientos de la entidad, el Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y los Comisionados del Instituto de Transparencia.

POR GUILLERMO AGUIRRE

Cumpliendo una de sus muchas promesas de campaña, el presidente de la república ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, envió al Senado de la República la primera iniciativa de reforma constitucional propuesta por él, la cual busca eliminar el fuero del Ejecutivo federal.

Zoé Robledo, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), hizo entrega a Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. La iniciativa se turnará a las comisiones correspondientes….así que tenemos ya en el senado la primera de muchas iniciativas que seguramente mantendrán a esa cámara llamada alta, muy ocupados, dado que las promesas hechas en campaña por AMLO, sólo convertidas en leyes, podrán hacerse efectivas.

Pero entremos en detalles para abundar en este tema y decirles que la iniciativa de López Obrador propone modificar los artículos 108 y 111 constitucionales, a fin de que el presidente de la República pueda ser juzgado penalmente no solo por traición a la patria, sino también por delitos de corrupción y delitos electorales y delitos graves en términos del segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución.

De acuerdo con la modificación al artículo 111, para proceder penalmente contra el presidente de la República únicamente habrá lugar al acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110, y en este supuesto, dicha cámara resolverá con base a la legislación aplicable.

La iniciativa, publicada en la Gaceta Parlamentaria, argumenta que la Constitución no debe prever ninguna situación que impida exigirle al primer gobernante del país para que dé respuesta de su actuación y de su conducta.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador anunció el envío de su primera iniciativa. Ahí, subrayó que con esto cumple con uno de los compromisos que hizo durante su campaña a la Presidencia.

“La iniciativa que estoy enviando al Senado es para terminar con ese fuero, que termina la impunidad establecida en la Constitución, el presidente va a poder ser juzgado como cualquier otro ciudadano, por cualquier delito; va a poder ser juzgado por el delito de corrupción aún estando en funciones”, dijo el presidente del país, que por cierto mañana estará en Acaponeta y en Tuxpan Nayarit.

Sobre este trillado tema, debo decirles que en el caso de Nayarit, hace casi tres años, En reunión de la Diputación Permanente llevada a cabo en el Congreso del Estado, las diputadas y diputados integrantes de la Trigésima Primera Legislatura,-la pasada legislatura- aprobaron el acuerdo que
contiene el cómputo y la declaratoria de aprobación de la reforma a diversos numerales de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en relación con la eliminación del fuero constitucional para diversos servidores públicos.

En este acuerdo queda de manifiesto que 15 de los 20 ayuntamientos de la entidad dieron su voto en sentido afirmativo en torno a esta reforma constitucional por la que se elimina el fuero en Nayarit.

Los ayuntamientos de Santa María del Oro, Del Nayar, Rosamorada, Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, La Yesca, Jala, Ruiz, Tecuala, Compostela, Acaponeta, Bahía de Banderas, Tuxpan, Ixtlán del Río yXalisco votaron a favor de esta reforma constitucional, mientras que el ayuntamiento de San Blas emitió su voto en sentido negativo.

En tal sentido, a partir de la entrada en vigor de esta reforma constitucional quedaron sin fuero el Gobernador del Estado, Diputados, Secretarios de Despacho, Fiscal General, miembros del Consejo de la Judicatura, Presidentes Municipales, Regidores, Síndicos de los Ayuntamientos de la entidad, el Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y los Comisionados del Instituto de Transparencia, y únicamente continuarán con fuero los Magistrados de los Tribunales locales y los Jueces de Primera Instancia, estos últimos en virtud de la trascendencia y alcance de las labores que tienen encomendadas. De esta manera en el caso Nayarit, la pasada XXXI Legislatura, declaró formal y constitucionalmente aprobada la enmienda que termina con los privilegios de los servidores públicos y que permite transparentar y hacer más eficientes las encomiendas de quienes tienen la responsabilidad de representar a la sociedad nayarita, de esto pues podemos deducir que esto de no tener fuero en los servidores públicos, no es cosa nueva en nuestra entidad.

La verdad es que este asunto del fuero y su suspensión en los políticos, fue un tema muy sobado a nivel nacional, pensado originalmente para mantener un equilibrio de poderes, la figura jurídica es cada vez más criticada debido a que se entiende como sinónimo de impunidad para los servidores públicos.

Producto de una confusión histórica de los términos jurídicos, en México el fuero se convirtió en sinónimo de privilegio, cuando en realidad se refiere a un ámbito de competencia judicial que divide a la justicia en militar y civil, mientras que la excepción de la que gozan mil 854 servidores públicos, desde el Presidente de la República hasta diputados locales, es en realidad inmunidad procesal.

Adoptado en México después de su uso en la Europa del siglo XVII, el fuero fue aplicado originalmente para denominar la protección que los
senadores y diputados federales tienen para expresar sus ideas, sus críticas, sin que ello les implique ser reprimidos por algún otro poder, pero con el paso del tiempo se decidió denominarlo constitucionalmente como inmunidad procesal, para dejar el concepto de fuero al ámbito de competencia judicial.

Así, en la Constitución sólo existe el concepto de fuero, para referirse a las leyes que aplican al ámbito de los militares, que se diferencia de las leyes civiles; por eso, existe el fuero militar y el fuero civil, que a su vez se divide en fuero federal y fuero común, y que se refiere exclusivamente al ámbito jurisdiccional, no a un privilegio, sino a la zona de aplicación de determinadas leyes.

De esta forma, el fuero militar no se refiere a un estado de privilegio de los soldados, como comúnmente se entiende para la inmunidad procesal de la que gozan mil 854 servidores públicos, entre legisladores, magistrados, gobernadores y consejeros electorales, sino al ámbito de un tipo de leyes que se refieren exclusivamente a un grupo común, con una disciplina propia, en este caso castrense, de acuerdo con la explicación que ofrece en su libro Derecho Constitucional Mexicano, el doctor Ignacio Burgoa Orihuela.

Pero el concepto de fuero no es ya sinónimo de impunidad para los servidores públicos que cometen delitos, porque la Constitución denomina como inmunidad procesal el privilegio que tienen estos funcionarios, federales y estatales, para evitar la aplicación de la ley en su contra,

Así, en la justicia mexicana la impunidad, el privilegio es propiciado principalmente por esa inmunidad procesal que, para retirarse y un servidor público pueda ser sometido a la justicia, como cualquier ciudadano, en caso de cometer delitos graves, requiere de un juicio que sus propios compañeros le realizan, denominado “de procedencia”, para determinar si los agravios cometidos son suficientes para retirarle esa inmunidad.

La denominación común, sin embargo, se refiere al juicio de procedencia como al juicio de desafuero, porque parte de la idea de mantener la definición de fuero a este privilegio procesal.

La figura de fuero constitucional sólo aplica para lo que tiene que ver con la actuación de los funcionarios en cuanto a sus ideas políticas. En el primer párrafo del artículo 61 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece: “Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el
desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.” Conforme al sentido común para interpretar esto, el privilegio de que gozan los legisladores, y demás funcionarios incluidos, tiene dos limitaciones: la primera es que no se puede afectar su esfera jurídica pero, únicamente en lo que dicen de manera oral o escrita y tocante al parecer que se han formado respecto de algún tópico cuestionable. La segunda consiste en que esa opinión debe ser expresada en el desempeño de sus cargos, lo que significa que, en cuestiones ajenas a ellos, sí cabe la posibilidad de que se les reconvenga, procese y juzgue. Así sea si se pasan un alto, si conducen en estado de ebriedad, si violan a una mujer, o son acusados de mandar a matar a un periodista.

Más claro no puede estar, sin embargo, los legisladores y funcionarios que gozan de fuero constitucional se han convertido en una suerte de semidioses intocables y casi etéreos que visten de impunidad y rebozan de influencias. Esto mismo es lo que hace que el “chapulinismo” (saltar de un puesto de elección popular a otro) sea tan popular entre la tropa, pues el fuero ha pasado a ser como una Patente de Corzo, que protege a los funcionarios de las repercusiones que sus malos manejos en los puestos que ocupan les puedan acarrear…por ahora, la iniciativa enviada por ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, al senado, seguramente salpicará a todos los legisladores en este sobadísimo tema…hasta mañana







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