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Hojas de ruta para una ciudadanía libre: Deshonestidad del proyecto político

“Es prudente no fiarse por entero de quienes nos han engañado una vez”, René Descartes.

Poco a poco se van acumulando evidencias de un oscuro sistema de financiamiento ilícito de proyectos políticos con recursos de distintas y variadas fuentes que rebasan la capacidad de asombro del ciudadano común.

Quizá lo más sorprendente es que la autoridad electoral es la instancia que está desmadejando esta trama criminal y hay que ir uniendo las piezas de un enorme rompecabezas, para poder entender ¿Qué es lo que existe detrás de estos casos aparentemente aislados y distanciados en el tiempo?

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral recientemente emito una resolución mediante la cual impone al partido político Morena, una multa de cuatro millones quinientos veintinueve mil pesos, por la ominosa práctica de retención ilegal y arbitraria de un diez por ciento de su sueldo a los trabajadores del ayuntamiento en el municipio de Texcoco, que fueron a parar al partido Morena y a la campaña de Delfina Gómez (actual titular de la Secretaría de Educación Pública), en la búsqueda de una diputación federal en 2015.

Delfina Gómez, fungió como presidenta municipal de Texcoco, de 2013 a 2015, y en ese lapso figuró como secretario del ayuntamiento Horacio Duarte Olivares (actual administrador general de aduanas) a quien se identifica como “cerebro” de la organización de izquierda comunista Grupo de Acción Política (GAP), comandada por Higinio Martínez, que fue el destino de los recursos extraídos ilícitamente de la nómina del personal del ayuntamiento y del DIF de Texcoco.

El GAP, domina la estructura de Morena en el estado de México y cuenta con fuerte presencia en Texcoco, Ecatepec, Naucalpan, Valle de Chalco y Netzahualcóyotl; razón por la cual se considera el grupo político de la denominada 4t, dominante en el estado de México que ahora busca la candidatura Morenista a la gubernatura en la persona del poderoso Senador Higinio Martínez, quien preside la comisión senatorial de defensa nacional.

La multa impuesta resulta baja, si se atiende los años que duró operando el esquema de expoliación de sueldos a los trabajadores y, su uso para financiar la creación de Morena y las campañas a diputada federal en 2015 y a Gobernadora del estado en 2017, pues se pudo identificar el pago a proveedores de campaña con estos recursos, con lo cual no queda duda del esquema de expoliación ilícito, con fines partidistas y electorales.

En la misma fecha en la cual se emitió la resolución de multa a Morena, el mismo Consejo General del INE, emitió otra resolución en la cual, también se encuentra una trama de varios años de prácticas ilícitas de financiamiento partidista, mediante la extracción de recursos públicos, en esta ocasión se trató del Partido del Trabajo (Partido coaligado a Morena y parte de la autodenominada 4t).

¿En qué consistió la trama ilícita que se le evidenció al Partido del Trabajo (PT)? Le acreditó el Instituto Nacional Electoral una práctica que parece ser sistemática, pues María Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa del sempiterno dirigente nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez; recibió del Gobierno del estado de Nuevo León, la cantidad de 260 millones de pesos destinados a la operación de 13 Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS), parte de estos recursos fueron desviados para financiar al PT, de 2015 a 2017, para beneficiar diversas actividades partidistas.

La investigación sobre este caso, que llevó tres años y nueve meses.

El gobierno del estado de Nuevo León depositó el recurso en la cuenta personal de Guadalupe Rodríguez Martínez, como directora de los Cendis en Nuevo León y esta a su vez emitió cheque a favor de Héctor Quirós García, en ese entonces delegado del PT en el estado de Aguascalientes.

En la resolución, el INE señala que “llegó a la conclusión de que la presencia de las personas que fueron beneficiadas por recursos cuyo origen proviene de la directora general de los Centros de Desarrollo Infantil no es azarosa, sino que supone una organización y coordinación, puesto que existen varios elementos que permiten suponer la existencia de vínculos entre sí y de un fin común. Por ello, resulta absolutamente lógico y razonable afirmar que estas acciones forman parte de una sola acción, de una misma operación”.

Los recursos que estaban destinados para la educación preescolar, fueron malversados a través de la dirigencia del Partido del Trabajo, la cual, los desvió para darles un uso electoral, en beneficio de ese partido político y de sus candidaturas, en una trama ilícita y de corte defraudador al erario público.

Esos actos de corrupción, ponen en evidencia, que los partidos que conforman la coalición gobernante es afecta a los financiamientos alternativos, fuera de la ley y que no hay obstáculo legal que se interponga entre ellos y su avidez por la concentración de poder público, pero también deja claro que incurrir en actos de corrupción no les causa temor, ni siquiera el más mínimo rubor, para lograr sus propósitos electorales.

Desde luego que existe también otro partido político, que también forma parte de esa coalición de la 4t, la fama de ese partido (el Verde) le precede con un fuerte tufo de corrupción, como modus operandi, con lo cual la tercia queda completa.

El tercer partido que forma la coalición gobernante, tiene un historial negro en actos de corrupción y tráfico de influencias, con un cúmulo de violaciones graves y sistemáticas a la normatividad electoral, que bien podrían acreditar y merecer la pérdida de su registro como partido político.

No han transcurrido ni dos meses que se aprobó una resolución del INE, mediante al cual se establece al PVEM una multa por haber violado la veda electoral y recurrir a 104 influencers, pagados para recitar un script en las redes sociales el día de la jornada electoral y el previo, invitando a votar por el verde, en una violación flagrante a la norma electoral y con el agravante de ser una conducta que vulnera la equidad de la contienda.

Si bien se impuso una multa de 40.9 millones de pesos se adicionó la sanción, por ser reincidente, de retiro de sus promocionales de radio y televisión, por un año.

Lo que es importante recalcar, es la postura incómoda, de un régimen basado en la coalición entre tres partidos cuestionados por su reiterada actuación ilegal y su desapego a respetar las leyes, cuando dicho régimen se ostenta como el régimen más honesto y presume de combatir y, ya haber erradicado la corrupción.

Los hechos de corrupción de los tres partidos que conforman la coalición de la 4t, de reciente sanción, pero que, analizados los hechos, los tres casos ponen en evidencia, que la práctica de corrupción, no es nueva en ellos, sino que los antecedentes se remontan a varios años atrás y contiendas electorales anteriores, lo cual habla de una práctica habitual en esos institutos políticos, pues no son los únicos actos irregulares que se les detectan.

¿Cómo puede creerse la honestidad proclamada en las palabras de su discurso, por la coalición en cuestión, si los hechos demostrados ponen en evidencia una actuación sistemáticamente ilegal, para llegar y mantenerse en el poder público, traicionando los más elementales principios de la equidad en las contiendas democráticas?

¿De qué manera va a limpiar su cara el gobierno de la 4t, para limpiar tan terribles manchas a la reputación, que con sus actos deshonestos en materia de desvió de recursos, no dejan duda de que, en este país, no ha cambiado nada en materia de corrupción política, se fueron los cacos y llegaron los picaros?

¿Con que cara se puede dar la 4t, el lujo de una supuesta superioridad moral frente a sus adversarios, cuando se les ha descubierto y evidenciado la práctica sistemática del desvío de recursos públicos y destinarlos a proyectos políticos, cuando la violación de las leyes electorales se ve como una estrategia establecida en los tres partidos que forman esa coalición gobernante y como práctica habitual?

Resalta la narrativa que para ocultar sus corruptelas ha inventado la 4t, con ofensas, calumnias y denostaciones dirigidas al Instituto Nacional Electoral, en un intento por destruir el prestigio que la institución ha venido construyendo a lo largo de décadas, en donde la sociedad ha contribuido con el mayor esfuerzo para lograr consolidar la transición democrática y con ello fortalecido al INE, institución que hoy por hoy es el ancla de estabilidad para la paz social en este país, que cuenta con la aprobación de más del 70% de la población.

La población tiene que darse cuenta que solamente mediante la sociedad organizada y el fortalecimiento de las instituciones que articulan la democracia, este país podrá tener capacidad de afrontar los retos del siglo XXI, mediante elecciones libres, competitivas, periódicas y equitativas entre los contendientes.

La democracia, la transparencia y la rendición de cuentas constituyen los tres pilares que pueden sostener una democracia, por ello cuando se ocultan los orígenes de los recursos que se utilizan en las elecciones y cuando se obtienen recursos económicos de fuentes no permitidas por la ley, se comete una defraudación a la voluntad ciudadana y se hacen necesarias sanciones ejemplares para que no se repitan, por eso estas sanciones que analizamos en esta reflexión, no deben ser toleradas ni por la autoridad electoral ni por los electores.

La sanción ciudadana de repudio generalizado, se hace necesaria.

Pregunto a la sociedad respecto a quienes mienten y engañan con tanto dolo y además juraron, cuando asumieron el cargo; “Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen” ¿Acaso merecen la confianza de ocupar más cargos?

¡Hasta la próxima! Y muchas gracias por sus comentarios.

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